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¿Qué pasa? Semanario independiente

año 10, número 479 · Madrid, 3 marzo 1973 · 20 páginas

 

A los 59 se les cantan "las cuarenta"

Por Aurelio Roca

El pasado dia 11 de febrero monseñor Elias Yanes, obispo auxiliar de Oviedo y secretario de la Conferencia Episcopal Española, publicó una declaración en el diario «El Comercio», de Gijón —difundida acto seguido en la prensa nacional—, en la que ponía de relieve la autoridad del documento «La Iglesia y la comunidad política» aprobado por la Conferencia Episcopal en su XVII Asamblea Pienaria. Nos presenta dicha declaración episcopal como «una forma de magisterio episcopal que cuando actúa en comunión con el Papa debe ser°acogida con religiosa sumisión de espíritu», porque —a juicio del secretario de dicha Conferencia Episcopal— «su valor eclesial, como linea orientadora del pueblo de Dios, no depende de un voto más o menos». De ello resulta que no sólo justifica la falta de uninamidad moral motivada por los 24 votos no positivos (20 negativos y cuatro en contra), sino que pretende imponer a los católicos su obligado e indiscutible cumplimiento como portavoz episcopal al hacer referencia muy concreta «como pastores del pueblo de Dios en España en el ejercicio de su cargo pastoral».

Aunque hace ya mucho tiempo quedó agotada la capacidad de asombro de muchísimos católicos —a los que como seglares el Concilio Vaticano II nos consideró «adultos»—, y discrepando el autor de estas letras del juicio valorativo que al documento «La Iglesia y la comunidad política» le confiere monseñor Yanes, he juzgado doctrinalmente licito y conveniente poner a la consideración de nuestros lectores lo siguiente: que es muy significativo el hecho de que dos dias antes del comienzo de la XVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española fuese hecha pública en «L'Humanitè» una declaración conjunta firmada por las Comisiones Obreras de España y la C.G.T. francesa, en la que afirman textualmente: «Hay que romper la unión entre la Iglesia y el Régimen de Franco.» No cabe ninguna duda de que el Episcopado español estaba al margen de tales maquinaciones marxistas, pero no lo estaba la «base» del activismo progresista, que tanta presión ejerce sobre no pocos prelados y tanta destreza tiene en ocultar los orígenes de sus campañas.

La autoridad del documento episcopal, como norma de obligado cumplimiento para los católicos españoles, es mayormente discutible por cuanto más que un documento eclesiástico parece un documento político. Sus antecedentes, contenido y finalidad, me hacen afirmar su intención política. Maritain fue siempre el inspirador del cardenal Montini. Villot. Casaron, Benelli, Garrone y su instrumento diplomático Dadaglio han creado a ritmo veloz los obispos auxiliares —sustrayendo su nombramiento a la presentación del Jefe del Estado—, han privado de voto a los obispos antiguos, que por edad no se les permite regir sus sedes episcopales, y se equipara el voto de los obispos auxiliares al voto de los obispos titulares. Así resulta posible que desde 1966 la mayoría episcopal sea sumisa servidora de las consignas políticas de la Secretaria de Estado. Dicha progresiva politización queda reflejada en la Instrucción de 29-VI-66 sobre «La Iglesia y el orden temporal». El documento de julio de 1966 contrapone «algunos principios cristianos relativos al sindicalismo», con ocasión de la reciente celebración de la Asamblea Nacional Sindical. El comunicado de la XII Asamblea Plenaria de ll-VI-70 trata de «La Iglesia y los pobres», aunque con más propiedad le correspondiese el título «La política de la Iglesia con el pretexto de los pobres». A la famosa Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes le cuadra mejor el calificativo de CONVENCION, y pese a su práctica condena por la Sagrada Congregación del Clero, ios problemas básicos, estridentemente expuestos en la misma, son recogidos en el reciente documento, cuyo acatamiento se pretende imponer a los católicos como magisterio jerárquico, sacándose de la manga lo que podríamos calificar de «pastoralismo político-social».

La estricta realidad es que el documento de que ahora me ocupo ha puesto de manifiesto el desinterés de la casi totalidad del pueblo católico —en España mayoritario en un 99 por 100— por el pastoralismo temporalista de su Conferencia Episcopal; desinterés providencial que le inmuniza de las desviaciones ideológicas del citado documento.

Quien lea los números 32, 44 y 56 tiene la impresión de que los obispos carecen de libertad en el ejercicio de su ministerio episcopal, actúan bajo presión episcopal, , actúan bajo presión estatal, se utiliza a la Iglesia para fines políticos, que con el sistema político vigente la necesaria libertad de la Iglesia se halla aherrojada, aprisionada y sin libertad de movimientos, y de que, con un sofisma bien urdido, se propugna la democracia pluripartidista como doctrina católica, y refiriéndose a la confesionalidad del Estado con tales reticencias y salvedades que no ha de faltar quien leyendo entre líneas la considere desaconsejada prácticamente por el Episcopado, pues si a los individuos no se les exige como a tales ser perfectos en todo por el hecho de proclamarse católicos, no parece justo adoptar, en cambio, la exigencia al Estado de que sea perfecto y sumiso perpetuo a la permanente situación de cambio que en la Iglesia ha puesto en marcha el Vaticano II, sin tener en cuenta la complejidad de las situaciones concretas sociopolíticas. En 'os números 18 al 41, atentamente analizados, cualquier lector percibe la sensación de hallarse en un país de régimen opresor, víctima de la tiranía y la barbarie, desconocedor de los principios más elementales de la dignidad humana, por lo mucho que se recalcan los derechos fundamentales de la persona —que ahora los obispos nos vienen a proclamar como si fueran aquí ajenos a la vida pública—, la defensa contra las situaciones opresivas, la denuncia de las injusticias, de los pecados sociales, etc.

La primera parte del documento, titulada «La Iglesia y el orden temporal», es la plataforma ideológica de lanzamiento de la segunda parte, que desarrolla lo concerniente a «Las relaciones entre la Iglesia y el Estado». Su imprecisión deliberada en frases tales como «compromiso», «testimonio», «diálogo», «progreso», «libertad», «dinamismo», «estructuras», «carismas», desemboca en la mención de cuatro conceptos de intención bien manifiesta y son: «Liberación», «justicia», «profetismo» y «pluralismo», que no son ni definidos ni interpretados con formulaciones acordes con la recta doctrina católica. No se trata de la liberación del pecado ni de la justicia que se obtiene por el camino de la fe; por profetismo no se entiende en el documento «hablar en nombre de Dios», sino que tal profetismo se entiende, en el documento que nos ocupa, como el instrumento que ha de liberarnos de las injusticias sociales y de las situaciones opresivas. El concepto que del «pluralismo» exponen los obispos en los números 18, 19 y 20 del documento pone nada menos que a la fe, al Evangelio y al bien común como soporte del pluripartidismo.

Un desatino doctrinal —por su planteamiento desacorde con la doctrina católica expuesta en su magisterio permanente, inalterable e irreformable, hoy calificado de «preconciliar»— es cuanto en los núms. 51 y 52 se expone con respecto a la confesionalidad del Estado. Lo que es doctrina cierta lo presenta el documento de los obispos como doctrina discutible, en oposición manifiesta con el Magisterio Pontificio continuado y uniforme desde Pío VI en 1793 hasta Pió XII en las encíclicas «Summi Pontificatus» y «Humani generis» de 20-X-39 y 12-VIII-1950, respectivamente. No puede ser presentada como cuestión jurídica lo que es esencialmente una cuestión teológica. Un testimonio valiosísimo que ha cooperado extraordinariamente con el firmante en la elaboración del presente artículo me ha garantizado que en esferas del Estado, más consecuentes con la doctrina de la Iglesia que los propios obispos, no ha faltado quien manifestase «que la confesionalidad no es negociable». Y es que al Estado no le es licito desvincularse de Dios ni de la religión católica —la de la Iglesia de todos los tiempos, permanente, inalterable, irreformable— que informa nuestro espíritu nacional.

En el número 56 del documento «La Iglesia y la comunidad política», y con respecto a la libertad religiosa, los obispos afirman: «Por nuestra parte creemos que lo importante es garantizar eficazmente a todos los ciudadanos la libertad religiosa, tanto en el orden personal como en el familiar y social..., de forma que los derechos de la conciencia humana queden asegurados, sin discriminación alguna.» Con esta afirmación, la Conferencia Episcopal Española parece pronunciarse por el Estado aconfesional. Sólo así asi puede entenderse el que el Estado proteja por igual a confesiones diferentes.

Pasando por alto el tema del Concordato, por no permitirlo la extensión que adquiriría el presente trabajo, se hace necesario hacer un análisis muy detenido del documento, pues su lectura nos lleva de la mano a las siguientes conclusiones:
— La religión revelada se desplaza hacia la religión social.
— El Reino de Dios se traduce por la realización del progreso material.
— El Evangelio es presentado como mensaje de promoción humana.
— La misión de la Iglesia como reivindicación contra las situaciones opresivas.
— Cristo es presentado como protagonista por la justicia social.

Es un documento que se pronuncia por la aconfesionalidad del Estado, la libertad religiosa, la objeción de conciencia, la constitución de partidos políticos y, por lo tanto, resulta ostensiblemente enfrentado a la doctrina de nuestras Leyes Fundamentales, hecho éste que constituye «de tacto» un ultimátum en nombre de la Iglesia y pone en discusión los ideales que inspiraron el Alzamiento del 18 de julio de 1936.

«Temoignage Chretien» del pasado 1 de febrero inserta un articulo de Francois Biot en sus páginas 12 y 13 que lleva por título «L'Eglise rompt avec Franco». Este órgano del progresismo francés neomarxista no lo afirma gratuitamente. Tiene sus razones para testimoniarlo por cuanto los obispos no le han desmentido. Y cuando digo «los obispos», hago la salvedad de los veinticuatro votos no positivos.

Cuando en el número 32 del documento, tan reiteradamente citado los obispos hacen referencia a «los cristianos que intentan desautorizamos ante el pueblo», parece que no caen en la cuenta de que son ellos mismos los que se han desautorizado ante el pueblo católico español al patrocinar una Asamblea Conjunta que escarneció la sangre de los mártires de nuestra Cruzada.

Esto lo tienen en cuenta los católicos españoles contaminados. E inclaudicables, no lo olviden.

 
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