¿Qué pasa? Semanario independiente

año 3, número 150 · Madrid, 12 noviembre 1966 · 22 páginas

La Guardia Civil, los quinquis y el positivismo jurídico

Por P. Echaniz

El diario “Pueblo” de 4 de noviembre de 1966 comunica que Los abogados de los “quinquis” piden la inhibición del Juzgado Militar. Bajo este titular se explican prolijamente una serie de sutilezas jurídicas en defensa técnica de los asesinos del sargento Barriga. Son producto de la ciencia jurídica de don Juan del Rosal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Madrid y uno de los abogados defensores de los quinquis, no sé si nombrado “de oficio”, o en ejercicio libre y legítimamente remunerado de su profesión, o en rasgo desinteresado y espontáneo lleno de humanitarismo.

Lejos de mi animo, puesto que no soy abogado ni catedrático, discutir en un plano técnico las consideraciones profesionales que haga y que hace el señor Del Rosal. Me limitaré a elevar, con la resonancia de la letra impresa, los comentarios que a golpe de sentido común hace el hombre de la calle, porque en buena democracia también son atendibles.

El primero, que el indulto de la pena de muerte de los quinquis del anterior asesinato, el Medrano y el Lute, sentó muy mal en la opinión; si no se escribió nada sobre esto fue probablemente por ser la primera vez que se producía un impacto así desde que don Alfonso de Borbón indulto al “Chato de Cuqueta” y al “Noi del Sucre” por presiones políticas indudablemente. Por otra parte, siempre es desagradable pedir una pena de muerte. Pero, a veces, puede ser un deber; que algo sea desagradable no quiere decir que no sea bueno. Y éste es el caso presente, porque esto de los quinquis ya pasa de castaño oscuro.

Los que tienen algunos años recuerdan la evolución de la delincuencia común a compás de las situaciones políticas; y cómo éstas reciben también, cerrándose un círculo vicioso, la influencia de la actitud de la autoridad respecto de la delincuencia. Inmediatamente antes del ascenso al poder del general Primo de Rivera, la delincuencia aumentó de manera alarmante, debido a la impunidad y a la parvedad de las sentencias que habían de reprimirla, hasta el punto de llegar a influir en la opinión pública, predisponiéndola instintivamente a favor de Primo de Rivera en cuanto apareció en la escena política; inversamente, su firmeza en reprimirla ejemplarmente desde el primer momento, le granjeó no pocas simpatías.

No hay que insistir mucho en recordar lo sucedido durante la segunda republica. Si ésta no hubiera atacado a la Iglesia, de una parte, y, de otra, no se hubiera mostrado cómplice descarada de la marea ascendente de atracos, hasta culminar su política en la famosa amnistía general de delitos comunes decretada al principio del Movimiento, éste no hubiera sido tan fácil de legitimar, y aun tal vez no hubiera sido necesario. Después hemos leído mucho sobre la guerra revolucionaria y sobre tácticas comunistas. El fomento, por la vía de la no represión o de la insuficiencia de castigo, de la delincuencia común, hasta llegar a la fase de terrorismo, es un buen procedimiento para amedrentar a la sociedad e inhibir su debida reacción a cualquier ataque, común o político.

En el presente rebrotar de los viejos estilos liberales y democráticos es todo un transfondo de nebulosas inquietantes el que se intuye tras la notable concurrencia de circunstancias que se ponen en juego frente a la sociedad atónita. Todo un mundo del hampa y de la subversión que desafía expectante a la Benemérita Guardia Civil. Recordemos que los tecnicismos del positivismo jurídico no son la única fuente de Derecho; ahí están demostrándolo, los Tribunales de Honor, por encima de las hermenéuticas imaginables. Contra malicia, milicia. Se ha escrito que, en última instancia, será un pelotón de soldados quien salve a la civilización. Si esta famosa sentencia se reduce de escala, puede servir a nuestro intento. Que la sociedad española no quede atemorizada por la sumisión a interpretaciones jurídicas procesales, de jurisdicción o competencia, que no entiende. Entretanto convendría ayudar a la viuda del benemérito sargento Barriga, que no dispone de tanto dinero como los quinquis, a nombrar un acusador privado. No sea cosa que la defensa de aquellos demuestre que sus patrocinados actuaron en legítima defensa y se condene a la viuda a indemnizarles.