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Unidad, Órgano del comité de Barcelona del PSUC

año 21, número 10 · 1 septiembre 1972 · 4 páginas

Órgano del comité de Barcelona del PSUC

 

El Estatuto de 1932 y la perspectiva socialista. (Traducción de la editorial del nº350 del órgano central del PSUC, Treball, 22 de julio de 1972)

En el número anterior justificábamos el apoyo del PSUC a la campaña "Por qué el Estatuto de 1932" decidida por la Comisión Permanente de la "Assemblea de Catalunya", que consideramos como "un camino para avanzar, en Cataluña, hacia la elaboración y el triunfo de una alternativa democrática”. Este apoyo incluye también la iniciativa —expuesta en el boletín ASSEMBLEA DE CATALUNYA núm. 3— de centrar la conmemoración del próximo 11 de setiembre en la realización de actos legales o extralegales que permitan exponer y discutir qué fue el Estatuto de 1932 y de qué manera las leyes e instituciones por él reguladas pueden ser el marco inicial adecuado para el restablecimiento de la democracia y de las libertades nacionales de Cataluña.

Entendemos que la mejor manera de celebrar este año el 11 de septiembre, fecha símbolo de la lucha nacional de nuestro pueblo, consiste precisamente en reforzar y ensanchar la unidad que ha de hacer posible la recuperación de esas libertades, objetivo principal de la campaña de la Permanente de la "Assemblea de Catalunya". Desde ahora mismo, cada organización del PSUC, superando las dificultades que crean las vacaciones, ha de establecer un plan de acción para contribuir al éxito de la campaña "Por qué el Estatuto de 1932", que comience con la celebración en su radio de acción del 11 de septiembre.

En el número anterior decíamos que esta campaña aparece "como una forma propicía de incorporar a nuevas capas de nuestro pueblo a la lucha contra la dictadura por la libertad", y que puede ser “un medio de acercamiento y colaboración entre los partidarios del socialismo”, aspecto que prometimos desarrollar más adelante.

En relación con esto, es necesario precisar que las libertades reguladas por el Estatuto de 1932 son exclusivamente las libertades políticas consubstanciales a la democracia parlamentaria burguesa. La existencia de un régimen dictatorial fascista hace posible, sin embargo, que en la lucha por estas libertades puedan coincidir y coordinar sus esfuerzos burgueses y proletarios, republicanos y monárquicos, creyentes y ateos, socialistas y liberales, que quieran poner fin a la dictadura de los grupos oligárquicos más reaccionarios para establecer un régimen de libertades.

En nuestro país la lucha por las libertades democráticas formales tiene una dimensión revolucionaria, pues su conquista constituye la condición previa y la primera etapa del avance hacia el socialismo.

Esto es particularmente cierto respecto a las libertades nacionales, que suscitan el odio más salvaje entre los fascistas, y que entre las fuerzas de oposición encuentran resistencias, ligadas generalmente a posiciones políticas y de clase burguesas. "La actitud ante la cuestión nacional —escribíamos en el número anterior— aparece como una piedra de toque fundamental para distinguir a los demócratas auténticos de los falsos".

Esto se explica por el hecho de que la cuestión nacional —especialmente el derecho de cada pueblo a la autodeterminación, que constituye su esencia— está ligada no solamente a la conquista de las libertades formales,sino a la realización de la revolución socialista. La libertad y la igualdad nacionales sólo serán completamente efectivas con el triunfo del socialismo. La experiencia del período republicano de 1931-36 lo confirma. El Estatuto de 1932 fue principalmente un resultado del triunfo de la República, que instituyó en toda España las libertades democráticas esenciales. Pero las Cortes de esa República recortaron en diversos aspectos el Estatuto votado por el pueblo de Cataluña, y los terratenientes catalanes solicitaron que el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República anulara la Ley de Contratos de Cultivo, votada por el Parlamento catalán, que perjudicaba sus intereses económicos.

Las fuerzas burguesas de Cataluña y del conjunto del país anteponen sus intereses de clase a los intereses nacionales y no desean que principios democráticos formales como la soberanía popular o la autodeterminación de las naciones sean aplicados íntegramente. El pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos de Cataluña, Euskadi y Galicia exige la realización previa de las transformaciones estructurales (nacionalización de la banca y de los grandes monopolios, reforma agraria, etc.) que ha de llevar a cabo en toda España un régimen antimonopolista, es decir, una democracia política y económica que lleve al socialismo.

El respeto a los derechos nacionales de los pueblos de España en la futura democracia será mayor o menor según cual sea la correlación de fuerzas que se establezca después de la liquidación de la dictadura. Si la clase obrera afirma su papel dirigente en la sociedad y se hace realidad la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, capaz de imponer un régimen de democracia política y económica, los derechos nacionales serán respetados. Pero si la dirección fuera asumida por las fuerzas burguesas, el panorama cambiaría substancialmente.

Pero tanto en un caso como en otro el Estatuto del 32 es un marco legal propicio para el restablecimiento de las libertades democráticas y para luchar desde Cataluña por un régimen de democracia política y económica orientada hacia el socialismo.

El período constituyente que se abrirá en España una vez liquidada la dictadura habrá de comportar, de acuerdo con el Estatuto de 1932, la elección de un Parlamento catalán y, lógicamente, la elaboración de un nuevo Estatuto, cuyo contenido económico-social puede cambiar substancialmente con respecto al de 1932 si la clase obrera y sus aliados revolucionarios —la alianza de las fuerzas del trabaja y de la cultura— consiguen una mayoría en el Parlamento y cuentan con el apoyo activo de las masas populares.

El PSUC aspira a que el nuevo estado democrático que nazca del período constituyente sea una Federación que respete el derecho de Cataluña al autogobierno y que garantice la colaboración y la igualdad entre todos los pueblos de España. Los comunistas, que defendemos con tenacidad el derecho de autodeterminación, incluida la separación, rechazamos sin embargo la especulación reaccionaria según la cual esta orientación desembocaría en la separación de Cataluña y la desintegración de España.

Los cambios resultantes del desarrollo económico han llegado a fundir a la oligarquía catalana en el seno de la oligarquía española y han hecho que el mercado y la economía del país constituyesen un todo único imposible de romper. Además, estos cambios han ido acompañados, durante los últimos años, del desplazamiento a Madrid y a otros lugares de España de miles de empresarios y cuadros catalanes y de la inmigración de más de un millón de trabajadores andaluces y de otras regiones españolas, lo que se traduce en una superación de las viejas corrientes centralistas y separatistas y en una mayor comprensión en toda España de la realidad nacional de Cataluña y de la justeza de sus aspiraciones al autogobierno y a la autodeterminación.

No hay, pues, peligro separatista, sino una perspectiva radiante que conduce a una unidad más sólida de los pueblos de España en el marco de una Federación democrática en marcha hacia el socialismo. Para luchar por esta perspectiva, llamamos a todos los partidos que se reclaman del socialismo, a todos los revolucionarios, a apoyar la campaña “Por qué el Estatuto de 1932" iniciada por la Permanente de la "Assemblea de Catalunya" y a sumarse a los órganos de coordinación que propugnan un acuerdo general de la oposición para la conquista de la libertad.

 
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